Sin medidas para mejorar la eficiencia y basado en estimaciones de ingresos que es poco probable que se produzcan

Tras analizar el Plan Presupuestario para 2019 pactado por el Gobierno con Unidos Podemos, la Junta Directiva de CEOE Aragón, reunida hoy, manifiesta su preocupación por el aumento del gasto corriente y de la carga impositiva que recoge, sin iniciativas para mejorar la gestión pública ni para incrementar la inversión, y con estimaciones de ingresos poco probables.

CEOE Aragón considera que el incremento del gasto corriente supondrá un obstáculo para la sostenibilidad de las cuentas públicas, más aún en un contexto en el que se aprecian signos de una clara desaceleración del crecimiento económico. El Plan no incluye, sin embargo, ninguna medida orientada a mejorar la gestión y eficiencia del gasto público, pese al muy elevado endeudamiento que arrastra la Administración.

Por el contrario,  sustenta ese aumento del gasto sobre una proyección de aumento de la recaudación fiscal de 5.678 millones de euros a través, fundamentalmente, de elevar la carga fiscal de las empresas. 
Esta previsión de  incremento de los ingresos está, además, sobreestimada y es, por tanto, poco probable que se produzca tanto en lo que respecta al impuesto a las empresas tecnológicas y el aumento de la fiscalidad del gasóleo como a las modificaciones en el Impuesto de Sociedades y las, por otro lado necesarias, medidas de lucha contra el fraude.

En este sentido, CEOE Aragón destaca que el aumento de ingresos fiscales debe provenir primordialmente del aumento del volumen de las bases de cotización y no de la mayor carga fiscal a empresas y ciudadanos. 

En cuanto a la propuesta de subir el salario mínimo a 900 euros, considera que el acuerdo cuestiona el diálogo social, que es el marco adecuado para que participen en una decisión laboral como empresarios y trabajadores a través de las organizaciones que representan a ambos colectivos.

De hecho, el acuerdo ignora el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), firmado el pasado diciembre y que ya incluía una progresiva elevación de los salarios más bajos en los próximos años, pero de forma gradual y negociada por sectores y convenios, según las posibilidades reales en cada caso. Incumple además esta medida la obligación legal de consulta previa con los agentes sociales para fijar el SMI; recogida por el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. 

Aunque los salarios más bajos en la gran mayoría de los convenios están por encima del SMI, esta medida puede tener efectos negativos especialmente en sectores con márgenes pequeños y en empresas también pequeñas o con dificultades, además de en el conjunto de la negociación colectiva, cuya senda en materia de incrementos salariales estaba recogida en las recomendaciones pactadas en el IV AENC.